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Jefe del Supremo de Cuba amenaza con aplicar ‘Ley Mordaza’ a quien apoye el Título III


Rubén Remigio Ferro, Jefe del Tribunal Supremo de Cuba. Foto Internet

MIAMI, Estados Unidos.- Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, conminó esta semana con aplicar la Ley 88, famosa como “Ley Mordaza” contra aquellos que el régimen comprenda “colaboren con los objetivos de la Ley Helms-Burton”, conforme una publicación en Twitter del propio funcionario.

“La Ley No. 88, sobre la protección de la independencia nacional y la economía de Cuba, tipifica como delitos los actos y conductas que apoyen, faciliten o bien cooperen con los objetivos de la Helms-Burton y establece severas penas para sus comisores”, escribió.

La “Ley Mordaza”, que contiene apartados destinados a refrenar al periodismo independiente, fue uno de los instrumentos usados para mandar a cárcel a 75 disidentes en la primavera de 2003, entre ellos 27 cronistas independientes.

Establecida el 16 de febrero de 1999, la Ley 88 de “Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba” afirma en su primer artículo que su finalidad es “tipificar y sancionar aquellos hechos dirigidos a respaldar, facilitar o bien cooperar con los objetivos de la Ley Helms-Burton, el bloqueo y la guerra económica contra nuestro pueblo, dirigidos a quebrantar el orden interno, desequilibrar el país y liquidar el Estado Socialista y la independencia de Cuba”.

El Título III de la Helms-Burton se activó el pasado dos de mayo, bajo la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y deja a ciudadanos y empresas estadounidenses, cuyas propiedades fueron decomisadas en Cuba después de enero de 1959, demandar en los tribunales de EE.UU. a compañías que se lucren de .

Sin embargo, el máximo jefe de la justicia cubana demanda que la ley es “caprichosa, absurda y extraterritorial”.

Ferro entonces según parece prepara el terreno, puesto que la Ley 88, en su sección de delitos contra el honor, castiga con hasta un año de cárcel o bien multa lo que el régimen pueda estimar difamación de sus instituciones, organizaciones políticas y “héroes o bien mártires de la República”.

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