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Justicia en Cuba: ¿Ancianas proxenetas o jueces ineptos?

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LAS TUNAS, Cuba.- “¿Cómo se está portando Nelsa Lucía?”, preguntó un supervisor judicial el pasado agosto.

“Como siempre, como era antes de ser sancionada es en este momento, un caso de muestra de persona”, ha dicho una vecina de Nelsa Lucía.

El desarrollo de la Causa 133, Sentencia 208/2017 del Tribunal Provincial de Las Tunas, debía llamar a reflexión al Tribunal Supremo y al Consejo de Estado en su atribución legislativa.

Sancionada a privación de independencia y confiscada su vivienda, Nelsa Lucía Rodríguez Ávila, de 68 años de edad, licenciada en Educación, maestra jubilada, cuidadora de una hermana con males psiquiátricos, hoy propende al suicidio.

Necesario es determinar, antes que nada, la ocupación y legitimidad del tribunal sancionador de Nelsa Lucía.

La jueza ponente (relatora), Noralmis Fernández Ávila, jurista recién graduada, incumplía los requisitos exigidos (cinco años de experiencia) por la Ley de los Tribunales.

Aun habilitada por facultad del Tribunal Supremo y el Gobierno de escoger y aprobar jueces, esas excepciones legitimadoras, estables en la inexperiencia, se inclinan a interpretaciones erróneas de la ley.

En Nelsa Lucía se habrían sancionado como delito de Proxenetismo y Trata de Personas hechos que no lo son.

“No se considera delito la acción u omisión que, aun reuniendo los elementos que lo conforman, no tiene peligrosidad popular por la escasa entidad de sus secuelas y las condiciones personales de su autor”, dice el artículo 8.2 del Código Penal.

La Instrucción No. 115 del 20 de junio de 1984 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Habitual (CGTSP), establece normas para utilizar el artículo 8.2 que, de manera procesal, conducen a la absolución del acusado:

-Para tener en cuenta un hecho carente de peligrosidad popular, sus secuelas tienen que ser pocas y las condiciones personales del comisor positivas.

-El hecho en sí, no debe existir producido alarma o repudio, y sus efectos no ser principalmente dañinos o peligrosos.

-El acusado debe ser persona cumplidora de sus deberes laborales, sociales, familiares o educacionales, y no tener antecedentes por delito intencional, con independencia de su edad; más allá de que se tendrá presente –especialmente- los comprendidos entre 16 y 20 años, o más de 60 años.

Por Acuerdo del Consejo de Estado del 8 de marzo de 1985, el CGTSP emitió la Instrucción No. 118; la que de forma exclusiva tiene relación a “reducir al máximo” los acusados en prisión provisional, pero sus definiciones son válidas al utilizar el artículo 8.2:

-Se cree que el acusado tiene buenos antecedentes personales y mira buena conducta cuando, reuniendo las características recurrentes del ciudadano respetuoso de la legalidad, no fué sancionado a privación de independencia por delito intencional, sujeto a medida de seguridad detentiva, ni advertido de manera oficial en tres oportunidades.

-Se sabe que el delito ha producido alarma cuando el hecho, por su connotación popular, ha originado incomodidad en el medio en que tiene lugar, o ha concitado generalizada y justificada repulsa y animadversión o temor a que se infiera un daño, en la esfera popular más instantánea al hecho y con trascendencia bastante.

-Se cree que un delito se comete con continuidad si, en el transcurso de un período preciso, su incidencia es proporcionalmente superior, en forma apreciable, en relación a la media nacional, o si se origina un brusco incremento de ésta. A esos efectos se tomará en consideración la información oficial sobre la estadística judicial y la que sobre esto brinde el Ministerio del Interior.

Vamos a ver: Un antecedente de vieja data tampoco otorga lugar a error. La Sentencia 5749 de la Salón de lo Penal del Tribunal Supremo, del 26 de octubre de 1985, desestimó el recurso de casación (anular) interpuesto por el Fiscal, exactamente, porque la absolución por no delito, (artículo 8.2) sólo es impugnable cuando se infringen los capitales legales de la Instrucción No. 115.

Con utilidades pulidas por expertos operadores de la ley, para un jurista medianamente apto, no debían existir inquietudes en las situaciones que, “aun reuniendo los elementos que lo conforman por carecer de peligrosidad popular, por la escasa entidad de sus secuelas y las condiciones personales de su autor” no se piensan delitos.

En la Sentencia No. 208/2017, sancionadora de la señora Nelsa Lucía Rodríguez Ávila, puede leerse:

-El buen accionar popular de la acusada y que el tribunal desestimó los presentes de la defensa, (vecinos y ex compañeros de trabajo de la sancionada y representantes sociopolíticos de la comunidad) por tener en cuenta que tienen “vínculos afectivos con la imputada”.

-Que la acusación contra Nelsa Lucía Rodríguez Ávila se sustenta en las afirmaciones de tres mujeres, que, de 2015 a 2016, tuvieron una o dos relaciones sexuales con hombres sin identificación en un cuarto rentado por Nelsa Lucía.

-Que la autoridad policial, infringiendo el Dictamen No. 221, Acuerdo No. 51 del 2 de abril de 1985 del CGTSP respecto al reporte de conducta de los acusados, sin investigación en la esfera popular más instantánea al hecho, dice de “informaciones” sobre la actividad “a la que venía dedicándose la encausada”, pero no hay observaciones oficiales para cortar o fundamentar el presunto delito cometido por un individuo de la tercera edad, sin antecedentes delictivos.

-Acerca de la prostitución en Puerto Padre, la Sentencian No. 208/2017 refiere un apunte difuso, diciendo: “paulatinamente fué progresando”.

Para la red social en Puerto Padre, lo inaudito no es el hecho de “justificada repulsa y animadversión, o temor a que se infiera un daño” en ella, según preceptúa hacia el Tribunal Supremo el Consejo de Estado, sino la acusación contra Nelsa Lucía, una integrante de la red social, específicamente del magisterio, con más de 40 años de maestra y conducta intachable.

Fuera risible si no fuera trágico. Pero lo “lindo” de esta historia está por contar.

No es sólo una anciana, no…, ¡sino cuatro! 4 juicios y 4 ancianas sancionadas por proxenetismo.

Una tolerante psiquiátrica, dos maestras licenciadas en Educación con varios años de vivencia y Nelsa Lucía.

Ahora caben dos preguntas: ¿De qué sirven las normas del Tribunal Supremo…? ¿Estamos en presencia de ancianas proxenetas o de jueces ineptos…?

Quizás las celestinas estén en otro lugar. El Consejo de Estado, en su atribución constitucional de ofrecer “una interpretación general y obligatoria” a las leyes, tiene la palabra.

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