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Ley Helms-Burton, el órdago de Trump al régimen cubano


Donald Trump (Foto AP)

LA HABANA, Cuba. – La resolución de Estados Unidos de dar luz verde a las demandas contra multinacionales que operan en terrenos o bien inmuebles expropiados en Cuba podría disuadir la inversión extranjera en el país caribeño y asestar un duro golpe a la administración económica del régimen de la Isla.

Desde el próximo martes dos de mayo, los ciudadanos estadounidenses (una gran parte de origen cubano) que vieron decomisadas sus propiedades en Cuba tras la Revolución de 1959 van a poder demandar en tribunales del país de Norteamérica a cualquier empresa extranjera que se favorezca de , en razón del título III de la ley Helms-Burton de 1996.

La Administración de Donald Trump anunció el pasado 17 de abril la inminente activación de los títulos III y IV (este último impide la entrada a EE.UU. de los demandados por el precedente), que continuaban suspendidos desde su promulgación por el rechazo de la Unión Europea y otros países cuyas compañías pudiesen verse perjudicadas.

Firmas españolas como Meliá y también Iberostar y otras europeas, canadienses, niponas, rusas o bien chinas operan -por lo general en régimen de empresa mixta con corporaciones estatales cubanas- hoteles y otros negocios situados en propiedades o bien terrenos que fueron nacionalizados en los primeros años de orden de Fidel Castro.

De multiplicarse las demandas en tribunales estadounidenses se podría producir una difícil espiral de pleitos internacionales que dañarían a las compañías demandadas, singularmente si cuentan con algún tipo de activos en EE.UU.

La Unión Europea, que agrupa a la mayor parte de las compañías conminadas, advirtió de que contraatacará con “todas las opciones a su alcance”, en palabras de su alta representante para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, y la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, que emitieron un comunicado conjunto tras el anuncio de Washington.

Concretamente, Bruselas prometió recurrir a su “estatuto de bloqueo”, que prohíbe la aplicación de las sentencias de tribunales estadounidenses relacionadas con el Título III en territorio europeo y deja a los demandados percibir indemnizaciones por daños a través de procedimientos judiciales contra sus demandantes en las cortes europeas.

En el caso específico de España, cuyas empresas dominan una gran parte del mercado hotelero cubano, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, mencionó a la necesidad de que la Unión Europea asista de nuevo a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

De hecho, fue una primera demanda frente a la OMC presentada por la Unión Europea en 1996 la que forzó a EE.UU., entonces con Bill Clinton en la Casa Blanca, a suspender indefinidamente la aplicación de los títulos III y IV, medida que fue respetada por todos y cada uno de los predecesores de Trump.

Al margen de los procesos legales a los que dé pie, los especialistas presagian que la aplicación del título III va a crear un efecto disuasivo en potenciales inversores extranjeros en la isla, que precisa de unos dos.000 millones de dólares americanos anuales de inversión foránea directa para mantener su economía.

El régimen cubano ha emprendido una intensa campaña para desacreditar la medida de Trump y recabar apoyos en la comunidad internacional, lo que refleja el alto grado de preocupación que esta amenaza produce en La Habana.

Al previsto -si bien todavía imposible de cuantificar- desincentivo de las inversiones extranjeras se aúna además de esto el anuncio de 2 nuevas sanciones: la limitación más severa de los viajes de los ciudadanos estadounidenses a la isla y la restricción de las remesas de familiares a 1.000 dólares americanos trimestrales por persona.

El canciller del régimen, Bruno Rodríguez, reconoció que las medidas van a tener “un impacto probable en la economía” del país, si bien estimó que “están condenadas al fracaso”.

Las sanciones llegan en un instante de singular debilidad en la economía de la isla, donde empiezan a escasear de forma intermitente comestibles básicos como la harina, el aceite o bien los huevos, se amontona la deuda a distribuidores extranjeros y la balanza de pagos continúa en negativo sin solución a la vista.

De igual forma, Venezuela, primordial asociado y valedor de La Habana, experimenta una crisis sin precedentes que podría poner en riesgo los envíos de petróleo subvencionado que aportan a la isla más o menos la mitad de su demanda energética diaria de 130.000 barriles.

(EFE)

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