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Qué es la Ley Helms Burton y cómo afecta a empresas del Ejército cubano Donald Trump 737x415 - Estados Unidos activa título III de la Ley Helms-Burton

Estados Unidos activa título III de la Ley Helms-Burton

Donald Trump firma decreto presidencial (Foto de archivo)

MIAMI, Estados Unidos. – El título III de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana –más conocida como Ley Helms-Burton- entró en vigor este 2 de mayo tras 18 de suspensión continuada por parte de varias administraciones norteamericanas.

El Aeropuerto de La Habana, playas como El Salado (localizada al oeste de La Habana), Gibara y Yaraguanal (ambas en Holguín), la Destilería Santa Cruz del Norte, la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, el hotel de cinco estrellas plus Manzana Kempinski o el apeadero de cruceros del puerto de Santiago de Cuba son solo algunos de los fortuna que fueron confiscados por el régimen castrista que podrían ser reclamados.

“Cualquier persona que tres meses posteriormente de la promulgación de esta ley y en lo delante trafique con propiedades confiscadas por el gobierno cubano a partir del 1ro de enero de 1959, será responsable frente a cualquier ciudadano estadounidense que demande compensación monetaria por esa propiedad…”, señala parte del cuerpo del título III en su párrafo de Reparación Civil.

Ese mismo apartado especifica que “la responsabilidad civil de quien haya traficado con una propiedad confiscada por el gobierno de Fidel Castro, o de determinado que se haya añadido como demandado en una protesta, aumenta si esa persona sigue traficando con la propiedad posteriormente que se cumplan 30 días de habérsele notificado oficialmente la demanda”.

La ley explica que, en el caso de que eso ocurra, “se triplicaría el monto de la compensación monetaria contemplada en los cálculos que prescribe esta Sección antaño de gastos de corte y honorarios de abogados”.

El título III de la Ley Helms-Burton igualmente incluye los acápites “Protección de los derechos de propiedad de los ciudadanos de Estados Unidos”; “Responsabilidad por traficar con propiedades confiscadas sujetas a demandas de ciudadanos de Estados Unidos” y “Pruebas de propiedad en las demandas por confiscaciones”.

La Ley igualmente especifica cuestiones vinculadas a la “Exclusividad del procedimiento de certificación de la comisión de cómputo de reclamaciones extranjeras” y a la “Fecha de entrada en vigor”.

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