¿El “hasta ahora” del pueblo peruano? ›Mundo› Granma

Más que el cambio, la renuncia o la sustitución de un presidente, el Perú atraviesa desde hace varias décadas una crisis sistémica en la que un denominador común se ha apoderado de la labor del gobierno: la corrupción.

Antiguos líderes que ahora están en prisión; el ocasional fugitivo de la justicia; el que se suicidó antes de ser juzgado, y ahora un presidente destituido del poder por un Congreso en el que varios parlamentarios también tienen expedientes abiertos, están al margen del panorama de esta nación.

Manuel Merino, quien reemplazó al licenciatario Martín Vizcarra, es rechazado por los miles de pobladores concentrados en plazas y avenidas peruanas, que alzan la voz en protesta y reclaman los cambios necesarios en un sistema que hace tiempo colapsó.

Y eso era de esperar que sucediera con una población frustrada por el detrimento moral de quienes deberían ser un ejemplo.

Los últimos años han sido una especie de atolladero moral bajo la égida de una constructora brasileña, de nombre Odebrecht, con un historial que la vincula a decenas de casos de corrupción en varios países de la región.

El pago de sobornos a cambio de los presidentes involucrados en favorecer a esta entidad en obras de gran valor en Brasil y Perú, principalmente, ha sido el sello que identifica una forma de gobernanza cada vez más alejada de los intereses. Pueblo.

Esta gran empresa fue fundada en 1944 en el estado brasileño de Bahía, como empresa de construcción civil. Tan reciente como 2015, ya tenía ingresos de $ 39,111 millones y empleaba a 128,426 personas.

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Ese mismo año, Marcelo Odebrecht, nieto del fundador del grupo, fue detenido por cargos de corrupción, lavado de activos y asociación ilícita, y sentenciado a 19 años, según informa BBC Mundo.

Con un aparato de gobierno con numerosas denuncias de compromisos con la mencionada constructora brasileña, el país andino ha visto a cinco presidentes vinculados a actos de corrupción.

El glosario, cuya última defenestración es la de Martín Vizcarra, contó anteriormente con un Pedro Pablo Kuczynski que renunció en 2018 por acusaciones que lo vinculaban a actos de corrupción.

Los cargos contra Kuczynski se remontan a diciembre de 2017, cuando se conoció que presuntamente era socio de First Capital Partners (FCP), firma de asesoría financiera que asesoraba al consorcio liderado por la empresa brasileña. En este caso, la Fiscalía peruana solicitó prisión preventiva contra el entonces presidente, investigado por presunto lavado de activos en el caso Odebrecht.

Anteriormente, el espectro de la corrupción invadió los gobiernos de Alan García, presidente entre 2006 y 2011, Ollanta Humala (2011-2016) y Alejandro Toledo (2001-2006), a quien se le acusa de haber recibido 20 millones de dólares en la citada empresa brasileña supuestamente la favoreció en la licitación de obras de infraestructura en Perú durante su mandato presidencial.

Alan García, quien también gobernó Perú de 1985 a 1990, se suicidó con una herida de bala en la cabeza el 17 de abril de 2019, cuando la policía llegó a su casa para arrestarlo. El día anterior, le dijo a la cadena peruana rpp: “Soy el hombre más investigado del Perú desde hace 30 años”.

Digamos que retroactivamente, esta dolorosa lista la encabezó Alberto Fujimori, presidente peruano entre 1990 y 2000, actualmente preso, condenado a 25 años.

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Es incomprensible cómo, a través del tiempo, una nación con una cultura tan vasta, donde conviven 55 pueblos indígenas con poco más de cuatro millones de personas; Con un total de 12 sitios declarados como Patrimonio de la Humanidad, entre ellos ocho culturales, dos naturales y dos mixtos, su historia más reciente se ha visto empañada, con la aplicación de un sistema neoliberal que, además, se estableció bajo corrupción aegis en los niveles más altos del gobierno.

La corneta de estos días en las calles de Perú es sinónimo de un pueblo que se levanta para exigir un presidente y un futuro mejor, donde reine la paz y el desarrollo y se arraigue la corrupción.

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